En este 1° de mayo, desde Democratización RT nos pronunciamos en defensa de los derechos de los/as trabajadores/as, en un momento donde nuevamente son cuestionados. Bajo el argumento de la industria del juicio y la necesidad de generar más puestos de trabajo, la ley ómnibus, que está siendo discutida en el Congreso, avanza especialmente sobre el derecho individual del trabajo.

Paradójicamente, se pretende aumentar el empleo registrado eliminando las multas por el trabajo no registrado y disminuyendo el monto de las indemnizaciones por despido injustificado. El proyecto de ley aprobado en diputados propone ampliar el período de prueba a seis meses, extendiéndose a ocho por convenio colectivo (o hasta un año para las pymes). ¿De qué manera estas medidas generarán nuevas fuentes de empleo? Argumentos similares han sido utilizados a lo largo de la historia y siempre tuvieron el mismo efecto: una fuerte pérdida de derechos junto con la profundización de los problemas de empleo. Organismos tales como la OIT ya han expresado que la quita de derechos laborales no genera nuevos puestos de trabajo. 

A su vez, se habilita a los trabajadores independientes a contratar hasta cinco “colaboradores” que presten servicios. Así, se mercantiliza la relación laboral, excluyéndose de los derechos y protecciones de la legislación del trabajo. 

Además, el proyecto en debate elimina la moratoria para la jubilación, lo cual afecta a trabajadores no registrados en general, y a las mujeres en particular, ya que son las más perjudicadas por la falta de registro así como el no reconocimiento a los años dedicados a las tareas de cuidado y del hogar. 

En uno de los artículos del proyecto de ley se facilita que la mujer pueda “optar” por  reducir la licencia previa al parto anterior a diez días. Esto supone desconocer la desigualdad de poder y atentar contra uno de los principios básicos del derecho del trabajo.

Párrafo aparte para la tarifa que proponen para las indemnizaciones agravadas por despido discriminatorio, de contramano a la jurisprudencia laboral que venía fallando la nulidad del despido y la reinstalación en el puesto de trabajo. Ahora, se puede discriminar y despedir, mientras se pague.

Dentro del proyecto también se propone avanzar con privatizaciones, ventas parciales y concesiones de empresas nacionales, perdiendo así la soberanía sobre nuestras empresas. ¿Cuál es el fin de la privatización de empresas que funcionan?

Por otra parte, en la misma línea en el llamado paquete fiscal se favorece a las grandes empresas y sectores más favorecidos. Al mismo tiempo que se reintegra el impuesto a los ingresos a los/as trabajadores/as, se produce una agresiva baja en bienes personales. Se elimina el monotributo social que permite integrar a sectores vulnerables y se propicia un generoso “blanqueo”a quienes evadieron impuestos. 

En resumen, el proyecto de reforma no incluye ninguna protección ampliación de derechos para los/as trabajadores/as. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de la reforma? ¿A quiénes beneficia realmente? 

Desde DRT nos pronunciamos en contra del proyecto de ley aprobado en diputados y el paquete fiscal impulsado por el gobierno, ya que no solo va en detrimento de los derechos de los/as trabajadores/as, sino que también afecta los recursos con los que cuenta nuestro país. Nuestro Espacio no responde a ningún partido político y desde su nacimiento se  caracterizó por ser plural y diverso. Esto no implica que no tengamos opiniones sobre el modelo de país y de relaciones laborales.
Desde nuestro espacio bregamos por un proyecto de ley que defienda el trabajo individual y colectivo, que fomente la industria nacional y genere puestos de trabajo para quienes habitan en nuestro territorio.