Los docentes, graduados y estudiantes del Espacio Democratización RT nos solidarizamos con el reclamo de reinstalación en el puesto de trabajo de los delegados del gremio gráfico despedidos del taller Artes Gráficas Rioplatense S.A. (AGR) en el marco de un conflicto colectivo iniciado hace seis años.

En septiembre del año 2004 los trabajadores de AGR, (donde Clarín terceriza la impresión de la revista Viva y otras), realizaron una retención de tareas en reclamo de mejores condiciones de trabajo. La respuesta de la empresa fue el despido de 119 trabajadores, incluyendo los delegados y una causa penal en su contra, que finalmente se resolvió a favor de los trabajadores.

Los delegados obtuvieron fallos de reinstalación en sus puestos de trabajo en primera y segunda instancia. Y en el mes de noviembre pasado, el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación impuso una multa de más de un millón de pesos a esta empresa por violación de la libertad sindical.

Sin embargo, los delegados no logran ingresar a la planta y se encuentran realizando una serie de medidas con el objeto de atraer la atención de los medios masivos de comunicación que invisibilizan, entre otras  cuestiones, las persistentes violaciones a la libertad sindical por parte de muchas empresas y los avatares de los trabajadores y sus representantes para  lograr que se cumpla este derecho humano fundamental garantizado en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

No casualmente, careció de gran repercusión mediática una inédita y reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se confirma una sentencia de segunda instancia que ordena la reinstalación de trabajadores despedidos en represalia por su acción sindical (fallo “Alvarez c. Cencosud” de noviembre 2010).

En el marco de este conflicto, los docentes, graduados y estudiantes del Espacio Democratización RT nos pronunciamos por:

• la reinstalación de los delegados gremiales de los talleres de AGR a sus puestos de trabajo;
• plena y efectiva vigencia de los derechos de organización sindical reconocidos en nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales;
• no a la judicialización y criminalización de los conflictos laborales;
• la democratización efectiva del acceso a la información, para que ninguna problemática social quede invisibilizada.